Fijan para el 28 de septiembre demanda para validar embargo al Banco Central ante el FMI y el Banco Mundial
La Novena Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional fijó para el próximo 28 de septiembre la audiencia para conocer la demanda en validez de un embargo retentivo trabado contra el Banco Central de la República Dominicana.
La medida cautelar afecta los fondos de la institución en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en procura del cobro de 5 millones de dólares reclamados por un consorcio privado.
El profesional del derecho Jorge Lora Castillo, representante legal del Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, explicó que la acción judicial busca ejecutar el cobro de la indemnización por la supuesta apropiación ilegal de unos terrenos ubicados en el antiguo aeropuerto de Herrera.
De acuerdo con la parte demandante, el inmueble había sido otorgado originalmente al consorcio en dación de pago antes de ser retenido por la entidad bancaria estatal.
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El consorcio querellante sostiene que el Banco Central ha incurrido en desacato al no dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Según la barra de la defensa, dicha decisión judicial adquirió la condición de la cosa irrevocablemente juzgada al agotar todas las vías de recurso.
Ante la falta de pago de los 5 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, los ejecutantes procedieron a trabar embargos en todas las instituciones de intermediación financiera del sistema nacional, extendiendo la traba a los organismos multilaterales y entidades internacionales de crédito que gestionan préstamos para la República Dominicana.
Sometimiento penal y responsabilidad institucional
El jurista Lora Castillo advirtió que de mantenerse la negativa a acatar los fallos definitivos de los tribunales de la República, el equipo legal evalúa someter penalmente al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, así como a los integrantes de la Junta Monetaria, al amparo de las disposiciones del Código Procesal Penal y la legislación penal vigente.
El conflicto jurídico se remonta a la condena en segunda instancia que ordenó la restitución del valor económico de los terrenos de Herrera, un proceso que ahora pasa al debate judicial sobre la validez de las retenciones ejecutadas en el ámbito financiero internacional.
